Durante la reunión intercambiaron perspectivas sobre temas vinculados a la innovación tecnológica, la educación, la producción agroalimentaria y las posibilidades de ampliar la cooperación en áreas estratégicas para el crecimiento económico.

En ese marco, Bahl puso especial énfasis en las potencialidades de Entre Ríos para promover iniciativas vinculadas a la agroindustria, la incorporación de tecnología a los procesos productivos y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

“Japón es un socio estratégico para la Argentina y una referencia mundial en materia de innovación, educación y desarrollo productivo. Tenemos mucho para aprender y también mucho para construir juntos en áreas de interés común”, señaló el senador.

Además, conversaron sobre los desafíos y oportunidades que presenta la relación bilateral en los próximos años y sobre la importancia de profundizar los vínculos institucionales, educativos y productivos entre ambos países.

 

 

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Durante su intervención, Bahl tomó como punto de partida la crisis de Granja Tres Arroyos y el cierre por tiempo indeterminado de su planta en Concepción del Uruguay, que dejó a 950 trabajadores entrerrianos en una situación de incertidumbre laboral. Sin embargo, aclaró que el problema excede a una empresa en particular y refleja las dificultades que enfrentan numerosos sectores productivos del país.

«No vengo a defender una empresa. Vengo a defender a los trabajadores entrerrianos, a las pymes, a las industrias del interior y a toda una cadena de valor que hoy está siendo puesta contra las cuerdas», sostuvo.

El legislador nacional señaló que la combinación de altas tasas de interés, atraso cambiario, apertura de importaciones, caída del consumo interno, pérdida de mercados externos y presión fiscal configura una «tormenta perfecta» para quienes producen y generan empleo. «Una industria no se sostiene con Excel financiero. Se sostiene con crédito razonable, planificación, mercado, exportaciones y reglas estables», afirmó.

Además, Bahl remarcó que la situación de la avicultura es un ejemplo de las dificultades que atraviesa el entramado productivo nacional y sostuvo que el problema no radica en la falta de competitividad de los trabajadores o empresarios argentinos, sino en las condiciones económicas en las que deben desenvolverse.

«Nuestros industriales, nuestros trabajadores y nuestros productores son competitivos. Lo que no es competitivo es el marco económico que se les impone», expresó.

En ese sentido, cuestionó la falta de resultados de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y advirtió sobre el impacto que la recesión está teniendo en las economías regionales. «Este gobierno ya tiene las herramientas que pidió. Entonces la pregunta es simple: ¿dónde están los resultados?».

El senador también hizo referencia al cierre reciente de industrias históricas de Paraná, como son metalúrgica Mengui y Valentinuz Hnos.; y recordó que, según datos oficiales, Entre Ríos ya perdió más de 9.000 empleos registrados, cifra que supera los 10.000 puestos de trabajo afectados si se consideran los trabajadores vinculados a la situación de Granja Tres Arroyos.

«Lo que estamos viendo no son inversiones: son pymes cerrando, trabajadores en la calle y sectores productivos enteros pidiendo auxilio», señaló.

Finalmente, Bahl convocó a defender el entramado productivo del interior del país y reclamó políticas que permitan sostener el empleo y la producción. «Entre Ríos no pide privilegios. Pide condiciones razonables para producir. No se puede construir un país federal si las industrias del interior quedan abandonadas», concluyó.

El senador nacional por Entre Ríos, Adán Bahl, presentó este jueves en el Senado de la Nación el “Proyecto de Ley Matías Colaprete: Sistema Nacional de Prevención y Actuación ante la Anafilaxia”, una iniciativa orientada a fortalecer la prevención, la concientización y la respuesta temprana frente a emergencias vinculadas a reacciones alérgicas severas.

La propuesta impulsa la creación del Sistema Nacional de Prevención y Actuación ante la Anafilaxia, una política pública nacional basada en protocolos de actuación, herramientas de intervención inmediata, un registro nacional y campañas de capacitación y concientización ante casos de anafilaxia, una condición médica potencialmente mortal que requiere respuestas rápidas y precisas.

La propuesta toma como base la Ley N° 11.242 de Entre Ríos, donde ya se encuentra vigente. Se trata de la única iniciativa de este tipo en América Latina.

Del acto participaron los senadores nacionales: por Formosa, María Teresa Margarita González;  por Tucumán, Juan Luis Manzur, y  por Chubut, Carlos Alberto Linares;  la senadora provincial Claudia Silva; las diputadas provinciales Andrea Zoff y Liliana Salinas; el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco; la presidenta de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC), Silvana Beatriz Monsell; familiares de Matías Colaprete; especialistas en alergia e inmunología y público en general.

Durante su intervención, Bahl destacó que el proyecto nace a partir de una tragedia ocurrida en Paraná y remarcó la importancia de que el Estado actúe con previsión y capacitación ante este tipo de emergencias.

“Matías era un joven lleno de vida. Lo picó una abeja y nadie supo qué hacer. A los pocos minutos murió. En los casos de anafilaxia, los segundos hacen la diferencia”, expresó. El senador sostuvo que la iniciativa fue elaborada junto a profesionales de la salud y apuntó a transformar la experiencia desarrollada en Entre Ríos, pionera en contar con la ley, en una política pública nacional.

“No se necesitan grandes recursos, se necesita voluntad política, capacitación y protocolos claros. La adrenalina cuesta muy poco y puede salvar una vida o dar el tiempo necesario para llegar a un hospital”, afirmó el senador nacional.

Bahl también destacó que la implementación de protocolos en Entre Ríos permitió superar situaciones de exclusión en escuelas agrotécnicas, donde anteriormente alumnos con alergias severas no podían asistir por falta de mecanismos de actuación.

“Eso generaba segregación y un enorme impacto emocional en las familias. Hoy, gracias al trabajo realizado, eso empezó a cambiar. Aspiramos a que ocurra lo mismo en todo el país”, señaló.

La presentación contó además con exposiciones técnicas de la Dra. María Cecilia Cavallo, especialista en alergia e inmunología clínica e integrante del Hospital San Martín de Paraná, el Dr. Luciano Miguel Garavaglia, especialista en clínica médica, alergia e inmunología, quienes brindaron detalles sobre la anafilaxia, sus riesgos y la importancia de actuar de manera inmediata y el Dr. Facundo Vidal, emergentólogo del Hospital San Martín de Paraná.

El cierre estuvo a cargo de Daniel Colaprete y Noemí Dalmolin, padre y madre de Matías Colaprete, quienes agradecieron el acompañamiento institucional y el impulso de una iniciativa que transforma el dolor en compromiso colectivo.

“El rol de la familia de Matías fue fundamental. Tuvieron la entereza de transformar el dolor en una causa para salvar vidas. Por eso esta ley ya fue sancionada en Entre Ríos y hoy queremos llevarla a todo el país”, concluyó Bahl.

Durante la reunión, los jueces expusieron la dinámica de trabajo que llevan adelante en sus distintas jurisdicciones y compartieron las realidades, necesidades y desafíos que enfrentan cotidianamente en cada territorio.

En ese marco, Bahl y Díaz Jausoro destacaron la importancia de escuchar a quienes cumplen una función clave para garantizar el acceso cotidiano a la justicia, especialmente en las comunidades del interior, donde los Juzgados de Paz representan muchas veces la primera respuesta institucional para los vecinos.

Asimismo, ambos manifestaron la voluntad de volver a convocarlos en el marco del trabajo de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales cuando se analicen iniciativas legislativas vinculadas a su materia, con el objetivo de incorporar su experiencia concreta y sus aportes técnicos al debate parlamentario.

“Los jueces de paz conocen de primera mano las problemáticas reales de cada comunidad. Escucharlos es fundamental para legislar con responsabilidad, con sentido territorial y con una mirada cercana a las necesidades concretas de la gente”, sostuvo Bahl al finalizar el encuentro.

Desde antes de asumir el gobierno, Milei repitió que el problema era el déficit fiscal, más precisamente el gasto, que el Estado debía desaparecer, y para eso tenía la motosierra en la mano, el mercado solo iba a resolverlo todo. Pero los hechos hablan más fuerte que los discursos. Hoy todos los motores de la economía argentina están apagados.
Hace poco más de un mes, el Gobierno Nacional presentó el Presupuesto para 2026. El más chico en tres décadas, como celebró orgulloso el Presidente. La gran meta, dijo, es alcanzar el “equilibrio fiscal”. Pero, ¿qué significa realmente eso? Que el Estado no puede gastar más de lo que recauda. El problema es que, cuando la economía está estancada —cuando no hay crecimiento ni consumo—, la recaudación también cae. Y entonces el equilibrio se logra, sí, pero a la fuerza: recortando más, achicando más, apagando aún más los motores del país. Es un círculo vicioso que se retroalimenta: menos gasto, menos actividad, menos ingresos, más ajuste.
La obra pública, que genera empleo directo y multiplica la actividad en cada ciudad, está paralizada. Escuelas, rutas, viviendas y hospitales quedaron detenidos a mitad de camino. Pero no se trata solo de cemento o de ladrillos: detrás de cada obra suspendida hay personas, familias y economías locales que se apagan. Hay obreros que quedaron sin ingreso, pequeñas constructoras que cerraron sus puertas, proveedores que no cobran, comercios de barrio que vendían materiales o comidas y hoy no abren porque ya no pasa nadie por la obra. Hay comunidades rurales que esperaban un camino adecuado para sacar su producción y ahora vuelven a quedar aisladas. Hay madres y padres que siguen esperando una escuela nueva para sus hijos, pacientes que ven el hospital prometido convertido en un edificio vacío, familias que soñaban con una vivienda y se quedaron con la platea de hormigón a medio hacer.
Cada obra paralizada es un círculo virtuoso que se interrumpe: un empleo que no se paga, una pyme que no vende, una familia que no consume, un pueblo que deja de moverse. La obra pública no es un gasto superfluo: es la forma más concreta de poner en marcha la economía real, la que se ve y la que se siente.
El consumo interno, que es el verdadero motor de nuestra economía, se desplomó. Los salarios no alcanzan, las jubilaciones se licuaron, y miles de familias dejaron de comprar lo básico. Una economía donde la mayoría no puede consumir es una economía sin movimiento.
Las pymes, que representan cerca del 90% del entramado productivo argentino y sostienen la mayor parte del empleo privado, están asfixiadas. No tienen crédito, no tienen previsibilidad y no tienen un Estado que las acompañe. En lugar de ayudarlas a crecer, este gobierno las castiga con tasas impagables y una demanda que se achica cada día.
Y cuando las pymes se apagan, lo hacen también los empleos más frágiles: los de las mujeres y jóvenes, que son las más afectadas por el desempleo y la precarización. Son ellas quienes más dependen del movimiento de la economía local: trabajan en comercios, cooperativas, talleres textiles, emprendimientos familiares, servicios de cuidado. Cuando las persianas bajan y el consumo cae, esas fuentes de ingreso desaparecen primero.
Por eso el impacto no es solo económico: es también social y profundamente desigual. Cada pyme que cierra no deja solo una estadística, deja una red de trabajo y de cuidados que se rompe.
Y mientras todo eso ocurre, el Presidente se jacta de haber “ordenado las cuentas” a costa de destruir la producción, el empleo y la vida cotidiana de millones. Su única herramienta es la deuda. Pide prestado, promete pagar, vuelve a endeudar al país, y llama a eso estabilidad. Pero no hay estabilidad cuando el precio es el hambre y la desesperanza.
El resultado de esta política está a la vista: un país detenido, un pueblo agotado, una economía que solo funciona para unos pocos. Y, sobre todo, un gobierno que nos quiere hacer creer que no hay otro camino.
Pero hay otro camino y no es una abstracción o un deseo. Es una realidad. Podemos volver a poner a la Argentina en marcha. No desde el ajuste, sino desde la producción. No desde la resignación, sino desde la esperanza activa. La historia de este país está llena de momentos en los que, frente al abismo, elegimos reconstruir. Y lo hicimos trabajando, apostando a la educación, a la ciencia, a la industria nacional, al campo, a la energía, a la innovación.
Hoy, el desafío es volver a encender esos motores: reactivar la obra pública, que no es un gasto sino una inversión en trabajo y futuro. Recuperar el poder de compra de los salarios y jubilaciones, para que el consumo vuelva a mover la rueda económica. Apoyar a las pymes y emprendedores, que son el corazón del desarrollo nacional. Cuidar los recursos estratégicos, para que la riqueza del país no se fugue sino que se quede acá, generando empleo y bienestar.
Eso también está en juego en estas elecciones. No se trata solo de frenar a Milei y sus aliados locales en Entre Ríos: se trata de disputar ideas y acciones. Hay que mostrar que se puede apostar a un ciclo donde la política impulse a los que producen, a los que trabajan, a las que cuidan. Donde la palabra “progreso” vuelva a significar algo para la mayoría.
El futuro no está escrito. Podemos seguir por el camino del ajuste y la deuda, o podemos elegir reconstruir un país que funcione para todos. El domingo 26 de octubre tenemos la oportunidad de hacerlo. De votar por el trabajo, por la producción, por la dignidad. De votar por la esperanza, pero no una esperanza ingenua: una esperanza que se organiza, que se arremanga y que construye.
Porque, aunque quieran convencernos de lo contrario, otro camino siempre es posible. Y empieza cuando decidimos volver a mover el país.

Este “apoyo” no es gratuito. Bessent fue explícito: “Milei está comprometido en sacar a China”. Es decir, entra un swap de monedas con los Estados Unidos y sale el swap chino. Con eso, se sacrifica soberanía económica a cambio de respaldo electoral. Estados Unidos no apareció para apoyar a la Argentina: está para asegurarse de que la Argentina siga su libreto.

Este aparente rescate, no se va a sentir en el bolsillo de nadie. No mejora salarios, no baja precios, no sostiene empleo. Es un salvataje solo compra tiempo para los operadores financieros. Si algo dejó en claro toda esta movida es que el gobierno ya no gobierna para la gente, sino para los mercados.

Este rescate puede tener serias consecuencias para la Argentina. En abril, Caputo le pidió ayuda al FMI. Firmó un acuerdo que no pasó por el Congreso, del que al día de hoy no tenemos todos los detalles. Ahora, en octubre, acude al Tesoro norteamericano. ¿Qué pasó con el plan económico, con eso del último esfuerzo? Lo que pasó es que el programa de Milei y Caputo fracasó estrepitosamente. ¿En qué va a cambiar ahora?

Bessent también afirmó que “el peso argentino está subvaluado” y que, con su apoyo, se apreciará. Detrás de esa frase técnica hay algo más simple: a Estados Unidos le conviene una Argentina cara, porque una Argentina barata exporta más. Subir el peso no es un favor; es un freno. Estados Unidos y Argentina exportan lo mismo: alimentos, energía, biocombustibles. ¿Nos está rescatando nuestro competidor comercial?

No lo decimos solo desde la oposición. Paul Krugman, premio Nobel de Economía, fue tajante: este tipo de operaciones “parecen más motivadas por la política que por la economía”. En su artículo “Bailing out Bessent’s Buddies’ Bets on Argentina”, Krugman explica que Estados Unidos rescata las pérdidas de fondos especulativos —amigos de Bessent— mientras reduce la ayuda humanitaria a países pobres. Es decir: una decisión de prioridades profundamente ideológica.

Mientras el gobierno festeja la “confianza de los mercados”, los productores agropecuarios del Litoral, que dependen de los vínculos comerciales con China, miran con preocupación la pérdida de mercados y de previsibilidad. No hay un sustituto rápido para el comercio con el gigante asiático, y romper esos lazos tendría un costo real en dólares, en empleo y en desarrollo local.

Este salvataje no es una ayuda: es una advertencia. No hay milagro financiero que reemplace la confianza del pueblo ni swap que compense la pérdida de soberanía. Si el precio de los dólares que entran es entregar decisiones, entonces no estamos siendo rescatados: estamos siendo administrados.

Mientras Joaquín Benegas Lynch juega a ser rockero en Buenos Aires, nosotros seguimos recorriendo la provincia, hablando con productores, cooperativas y trabajadores que todos los días sostienen la economía real. No vamos a dejar que otros decidan por nosotros ni que el futuro de nuestro campo se negocie en oficinas extranjeras. Nuestro compromiso es reconstruir los lazos rotos, defender la soberanía y construir una alternativa económica propia, con base en el trabajo, la producción y la independencia que nuestra provincia y nuestro país merecen.

 

Otro anuncio con falso federalismo de Milei y Frigerio. Este sábado, durante la visita del presidente Javier Milei junto al gobernador Rogelio Frigerio, anunciaron con entusiasmo, en plena vigencia de la veda electoral,  que “la hidrovía podría incorporar en su traza a Entre Ríos mediante el dragado de los ríos Paraná Bravo y Paraná Guazú, lo cual permitiría que el sector privado desarrolle nuevos puertos en la zona”. Lo vendieron como un logro del federalismo y una oportunidad de desarrollo. Pero detrás del anuncio hay algo mucho más preocupante: una potencial entrega del control de nuestros recursos y nuestra soberanía a intereses privados, concentrados y externos.

Creemos que el Paraná puede ser fuente de desarrollo, trabajo e industria para nuestra gente, con soberanía, inversión en tecnología e innovación, y un espacio real para la inversión privada que genere empleo y valor agregado local. La iniciativa privada es clave para mejorar la competitividad y eficiencia de nuestra producción, pero las ganancias no pueden concentrarse en pocas manos; deben traducirse en desarrollo, empleo y bienestar para los entrerrianos.

Sin embargo, del anuncio de Milei y Frigerio, no resulta claro cómo la llamada “incorporación” de Entre Ríos significaría voz o participación real para la provincia. Más bien, por cómo vienen trabajando, se puede esperar que el Estado nacional —con apoyo de Frigerio— financie el dragado y las obras necesarias para que el sector privado instale puertos propios y controle la logística de exportación. Es decir, el costo lo asumirían todos los argentinos, mientras los beneficios quedarían concentrados en pocas manos. Nada nuevo bajo el sol: es el modus operandi con el que vienen gobernando.

Mientras tanto, nuestra provincia seguiría al margen de las decisiones estratégicas sobre la vía navegable más importante del país. Las tarifas, los contratos y los controles permanecerían concentrados en Buenos Aires y en empresas extranjeras. Eso no es federalismo: es un modelo que profundiza la desigualdad territorial y le quita a las provincias el derecho a decidir sobre sus propios recursos.

Hablar de “nuevos puertos” no garantiza nuevos empleos entrerrianos. Prometer “más competitividad” sin créditos, sin inversió infraestructura ni valor agregado en origen es solo un anuncio vacío. Decir que habrá “apertura” significa abrir el río para que se lleven todo, pero dejando a la provincia con las manos vacías.

El Estado tiene un rol importante como regulador y promotor, asegurando reglas claras y promoviendo consorcios donde productores, cooperativas y municipios participen activamente. Así, la inversión privada impulsa la economía regional, fortalece la industria local y multiplica oportunidades para todos los actores.

Incentivar empresas que inviertan en plantas de procesamiento y tecnología local genera empleo de calidad, retiene valor agregado en la provincia y fortalece la industria entrerriana. Es crucial que los beneficios se distribuyan equitativamente y no queden concentrados en grandes exportadores o intereses externos, como viene sucediendo en todos los proyectos del Gobierno de Milei, donde el costo lo pagan los entrerrianos y las ganancias se fugan hacia unos pocos.

El comercio de granos y otros productos debería generar valor agregado en Entre Ríos, y no salir solo como commodities. Con infraestructura, plantas de procesamiento y tecnología, la provincia puede producir alimentos y productos con mayor valor agregado, multiplicando empleo, fortaleciendo la industria, innovando y reteniendo riqueza. Todo un círculo virtuoso de desarrollo local.

Además, los proyectos sobre la hidrovía deben pensarse con enfoque ambiental y sostenibilidad, porque los daños al Paraná pueden ser irreversibles.

Frente al anuncio de Milei y Frigerio, que significa perder soberanía y sumar a la concentración, hay otra opción: una en la que los beneficios del río se distribuyen en salarios dignos, impuestos que vuelven a la provincia, oportunidades para productores locales y desarrollo sostenible. No se trata de cerrar puertas a la inversión, sino por el contrario,  orientarla para que construya soberanía, empleo y crecimiento para todos los entrerrianos, no solo para unos pocos.

El verdadero federalismo no se construye con discursos improvisados ni un Estado debilitado, con “motosierras” sobre áreas sensibles, sin presupuesto ni proyecto de país. Se construye con decisiones concretas, coherentes y planificadas, que fortalezcan a las provincias y sus economías regionales.

Frente al modelo de Milei y Frigerio —que quiere entregar el río y subordinar el desarrollo al interés de unos pocos—, tenemos que levantar una voz clara: el Paraná es nuestro, y el futuro también.

“Lo sabe Dios”, dijo De Pablo, economista y asesor financiero de Javier Milei, mientras los mercados hacían temblar las bandas de flotación y nadie sabía cómo contener la corrida cambiaria que se desató la semana pasada. Pocos días antes, el 15 de septiembre en una cadena nacional, Milei había presentado los lineamientos del Presupuesto 2026, que definió con orgullo como “el más chico de los últimos 30 años”: un presupuesto de ajuste que ignora claramente el mensaje de las urnas y profundiza un rumbo económico que muestra graves signos de fragilidad.

Entre los múltiples aspectos del Presupuesto, uno merece atención especial: el resaltado “equilibrio fiscal”. La regla fiscal que propone Milei no es un simple principio contable: establece que la prioridad absoluta del Estado es mantener las cuentas equilibradas a cualquier costo. En la práctica, esto significa que si la recaudación cae, las partidas de gasto se recortan automáticamente, sin importar a quién afecte. Es decir, los derechos sociales y las políticas públicas quedan subordinados a la necesidad de pagar deuda y sostener la especulación financiera. No se trata solo de ajustar el gasto; se trata de institucionalizar el ajuste como norma permanente. La regla fiscal convierte cualquier crisis, caída de ingresos o desaceleración económica en excusa para recortar jubilaciones, educación, salud y programas sociales, asegurando que los sectores más vulnerables paguen el costo del “equilibrio”, mientras los grandes acreedores quedan protegidos.

Un ejemplo concreto de cómo funciona esta regla se dio con el ida y vuelta de las retenciones durante esa misma semana. La semana anterior había comenzado con una corrida cambiaria, y el Ministro de Economía Caputo había declarado: “voy a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”. Pero este lunes hubo dos novedades simultáneas: primero, se anunciaba la baja de retenciones a cero para asegurar la liquidación de dólares que el Gobierno necesitaba; segundo, Scott Bessent, Secretario del Tesoro de Estados Unidos, manifestaba públicamente su apoyo a Milei.

Este respaldo tiene implicancias profundas. No se trata solo de un gesto político: abrió la puerta a un swap de 20.000 millones de dólares, promesas de inversión y la posibilidad de que fondos norteamericanos compren bonos argentinos. Todo esto buscaba calmar a los mercados antes de octubre, es decir, antes de la segunda instancia electoral en menos de un año. Esto no es una interpretación personal: es lo que dijo Bessent y luego también el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es la segunda vez que el Gobierno busca un rescate externo: primero con el FMI y ahora con el Tesoro estadounidense. La señal es clara: cualquier decisión económica crítica queda subordinada al respaldo externo, y no hay certezas sobre lo que ocurrirá después de octubre. Esto deja expuesto algo que hay que considerar: es un apoyo político a la campaña electoral de Javier Milei y todavía no sabemos a cambio de qué.

El mecanismo de las retenciones, sin embargo, mostró una lógica inesperada: tres días después de la baja, cuando ya se había producido la liquidación de dólares, volvieron las retenciones al nivel anterior. Resultado: cinco cerealeras se llevaron 1.600 millones de dólares de ganancia, equivalente aproximadamente a la pérdida de recaudación del Estado. Mientras tanto, los productores no recibieron un peso. La celebración de algunos que pensaron que era una política para aliviar o impulsar al sector duró muy poco. ¿Quién paga esa fiesta? No será sorpresa si la motosierra cae sobre los mismos de siempre: lo que se pierde por la caja de los grandes exportadores se compensa con recortes sobre jubilaciones, educación, salud y programas sociales. Hay plata para cinco cerealeras, pero no para los remedios de nuestros abuelos.

Es paradójico que esa misma semana, el Jefe de Gabinete Francos devolvió al Congreso la Ley de Emergencia en Discapacidad porque no especificaba de dónde saldría la partida para financiarla. La regla fiscal del equilibrio, entonces, funciona solo para proteger la deuda y la especulación financiera, no para garantizar derechos ni políticas públicas.

Lo que mostró esta semana es más que un ajuste: es la dependencia de la economía argentina a caprichosas decisiones externas. El apoyo público de Scott Bessent y la búsqueda de rescates reiterados (en abril este mismo gobierno acudió al FMI) revelan un Gobierno que, en lugar de fortalecer la producción, el trabajo y la soberanía, prioriza calmar a los mercados y proteger a los grandes jugadores financieros.

Mientras tanto, los argentinos de a pie siguen esperando soluciones que nunca llegan: los derechos sociales quedan subordinados a la urgencia de los mercados y la especulación. La pregunta es clara: ¿vamos a seguir aceptando que nuestro futuro dependa del visto bueno de otros, o vamos a recuperar la independencia y el control de nuestra economía?

En principio, en términos de participación, como en otras elecciones, nos encontramos con muchas personas que, quizás desilusionadas, no acuden a votar. Es algo que nos preocupa porque entendemos que así nuestra democracia está frágil y que ejercer el derecho a elegir a quienes nos gobiernan es un acto indispensable para construir una sociedad justa e inclusiva. El dato relevante es que en la PBA el abstencionismo fue mayor entre votantes de LLA. Eso muestra que el soporte social de Milei empieza a resquebrajarse. La gente está reaccionando, defendiendo lo propio, marcando un límite. Ese es el camino que hay que profundizar: frenar un modelo que daña y, al mismo tiempo, construir una alternativa. Pero ese síntoma de la abstinencia debe inquietarnos también; no queremos una sociedad frustrada y desentendida, queremos que confíen en que la política puede volver a ser un canal para encontrar las soluciones, para que salgamos todos adelante.
Por eso es importante mirar las cosas que hay de trasfondo. Milei prometió soluciones mágicas: sueldos en dólares, quemar el Banco Central y que el aj3uste lo pagaría “la casta”. Pero los que más sufren ese ajuste son hoy los jubilados, las personas con discapacidad, los hospitales, los médicos, la educación pública, las rutas que nos conectan, la producción regional. El gobierno opera a fuerza de vetos y de políticas superficiales que no corrigen el rumbo. Las medidas golpean la vida cotidiana desde el precio de la vivienda o el transporte hasta la incertidumbre en las provincias, que no reciben los fondos que les corresponden. Milei reconoció la derrota del domingo: se comprometió a hacer un “profundo análisis de los datos” y a “corregir aquellas cosas en las que nos hayamos equivocado”. Dijo que corregiría errores, pero en los hechos solo profundizó el mismo rumbo. Como ya vimos tantas veces, solo hizo un par de anuncios de maquillaje para mantener el mismo rumbo: no solo vetó iniciativas claves en salud y educación, sino que además vetó también la propuesta que llevaron los gobernadores para distribuir los fondos de ATN (Aportes del Tesoro Nacional). Son recursos de las provincias que Milei se apropia para disciplinarlas.
El oficialismo hablaba del “riesgo Kuka”, como una forma de atribuirle la volatilidad de los mercados al avance del peronismo. Pero el riesgo real es este modelo de endeudamiento, bicicleta financiera y facilidades para pocos, que incluso economistas como Cavallo cuestionan como “improvisado” y sin éxito para estabilizar nuestra economía. En abril de este año se implementó una flotación cambiaria entre bandas, producto de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno dijo que habría que “aprender a flotar”, comprometiéndose a no intervenir en el mercado de cambios. En julio, frente a movimientos del dólar, el ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó una frase que entrará en los libros: “si te parece que el dólar está barato, comprá, campeón”. Esa frase no solo encendió la corrida, sino que reveló lo improvisado y dañino de la política económica. La declaración produjo un efecto inmediato: en 10 días el dólar minorista subió unos $40. Esa suba, superior al 10% en menos de un mes, mostró que el “ruido político” cambia expectativas, y esas expectativas tienen costo. Sostener el dólar para intentar anclar la inflación tiene sus costos: menos crédito para la producción; menos competitividad para las exportaciones; tasas de interés absurdamente altas que pagan las familias (tarjeta de crédito, billetera virtual o préstamos); mayor recesión. No es solo discurso: ya estamos viendo que la economía no crece, que los sectores productivos están al límite. Entonces, más allá del ruido político, es el propio gobierno el que desestabiliza la vida de la gente. Son ellos quienes rompen un tejido productivo y social que ya está al borde.
Por eso estas elecciones son fundamentales. No son una instancia más: se juega el modelo de país, la orientación económica. Lo que viene es el Presupuesto Nacional, que se presenta el 15 de septiembre y ahí se definirá si las provincias podrán sostener sus cuentas o si se profundiza el ajuste sobre nuestras comunidades. Ahí vamos a tomar dimensión de la cuantía de recursos que irán al pago de deuda, postergando nuevamente lo más básico.
Desde Entre Ríos, nuestra tarea es clara: defendernos, frenar este avance y, sobre todo, escuchar. La campaña no debe ser solamente disputa electoral: debe ser un espacio para recoger las demandas de todos los sectores y transformarlas en agenda política concreta. Necesitamos un Congreso más fuerte, capaz de ponerle un freno a este ajuste y de defender un rumbo distinto para la Argentina.

Sobre los ATN

Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) son fondos previstos en la Ley de Coparticipación. Representan el 1% de la masa coparticipable que se recauda por tributos federales. Están pensados para asistir a las provincias y municipios en casos de emergencia o desequilibrios financieros. En la práctica, son recursos de las provincias que la Nación administra y distribuye.
Al vetar esa transferencia, Milei no solo recorta en salud y educación: también bloquea herramientas básicas para que las provincias puedan sostener sus cuentas y atender necesidades urgentes.

Si bien Entre Ríos recibió más ATN que otras provincias, recibió mucho menos de lo que le corresponde en condiciones normales.