Oportunamente, la justicia resolvió avanzar con la acción entendiendo que “la normativa que surge de la ley 25.675 de política ambiental nacional otorga la facultad al juez interviniente de disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso”.

Esa resolución adoptada por la justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del Río Uruguay. No solo queda claro que la justicia federal es competente, sino que además ordenó producir las medidas que solicitamos.

¿con qué medidas de prueba estamos avanzando entre todos los entrerrianos?

1. Una Pericial Ambiental, a cargo de un perito a los fines de que se expida sobre los puntos de pericia ofrecidos (estado actual del agua, turbulencia, etc.).

2. Pedirle a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que informe si se ha comunicado a dicho organismo el proyecto de planta de “e-Combustibles” y si la empresa HIF Uruguay ha presentado ante dicha comisión el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo del proyecto.

3. Requerir, vía exhorto judicial a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay y al Banco Central de Uruguay, toda la documentación de las empresas HIF Uruguay SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas.

La última acción fue el pasado 21 de agosto que consistió en el reconocimiento judicial del Dr. Viri, juez a cargo de la causa, la perito bióloga designada Viviana Cousté y los impulsores de la demanda.

El juez pudo observar que la planta quedaría prácticamente frente a la toma de agua de los colonenses, a poco más de 3 kilómetros en línea recta.

El objetivo del reconocimiento fue que el magistrado obtenga con sus propios sentidos datos de donde se ubicaría la planta de combustibles, que relación tendría con Colón, y analizar otros puntos de conocimientos que le sirvan obtener de primera mano.